Benjamín Lagos Cárdenas
Asesor Legislativo en el Senado de la República de Chile. Ha sido, en su trayectoria profesional, Representante de la Sociedad Civil ante la Organización de Estado Americanos, ayudante de Derecho Constitucional en la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Abogado y, actualmente, estudiante del magíster en Derecho Constitucional por la misma universidad.
Chile es un laboratorio político. Hoy vive un proceso disolvente de anomia social, presidido por la controvertida labor de la Convención Constitucional, eco directo de la revolución desatada por anarquistas, comunistas y afines en octubre de 2019. A fines de ese año, un pacto político y una reforma constitucional, acordados entre el Gobierno de centroderecha y la oposición de izquierda, abrieron el camino a un plebiscito que preguntase a los chilenos si deseaban o no la elaboración de una nueva Carta Fundamental. Tras el triunfo de la opción “apruebo” en este, se celebró la elección de dicha Convención, cuyo proyecto de nueva Constitución se someterá en 2022 a otro plebiscito. Así, el Ejecutivo entregó la suerte de la Carta Fundamental vigente, dictada por el régimen militar en 1980 y que sentó las bases de una era de estabilidad política y crecimiento económico sin parangón en la historia de Chile y de América Latina. El Gobierno se asiló en la creencia de que así evitaría su caída y conjuraría el peligro revolucionario.
Pero este itinerario solo ha profundizado la revolución. La derecha, confiada en obtener un tercio de la Convención para ejercer un poder de veto, fue derrotada estrepitosamente en las elecciones. La extrema izquierda, nucleada en agrupaciones de supuestos “independientes”, obtuvo gran representación. Los partidos más organizados de la izquierda (Partido Comunista, Partido Socialista y Revolución Democrática) quedaron como árbitros de la situación y el nuevo centro político.
A pesar de las buenas intenciones de algunos sectores, esta Convención Constitucional avanza en una tarea disgregadora de Chile, sus principios y libertades. La composición de la Convención, 155 asambleístas de los cuales 118 responden a las más variadas gamas de la izquierda, no podía sino acabar en la desmesura. Hace días, se aprobó una propuesta de reglamento que niega el carácter de República que Chile ha tenido desde su independencia. Otra propuesta impone sanciones a quien defienda una visión distinta de la izquierda sobre el gobierno militar chileno (1973-1990). También, la mayoría de la Convención apoya la liberación de los denominados “presos políticos de la revuelta”: subversivos y delincuentes procesados o condenados, que lesionaron a policías y civiles, destruyeron el Metro de Santiago, quemaron iglesias, vandalizaron edificios y saquearon comercios a lo largo de Chile.
Lo anterior forma parte apenas de la discusión de normas reglamentarias que regirán el debate de fondo, de perspectivas poco halagüeñas para derechos esenciales de la naturaleza humana y de largo reconocimiento en el constitucionalismo chileno. El derecho a la vida desde la concepción hasta la muerte natural; la familia matrimonial; el derecho preferente de los padres a educar a sus hijos; el derecho de propiedad; la libre iniciativa económica; e, incluso, la libertad de expresión: todos son bienes hoy amenazados abiertamente. En ese debate se entrará el último trimestre del año; la Convención tiene máximo hasta julio de 2022, en teoría, para sesionar, si una nueva reforma constitucional no le concede una prórroga, lo que se ve probable.
La discusión en la asamblea es farragosa, pero su finalidad es clara: transformar radicalmente a Chile a partir del discurso posmarxista de “minorías oprimidas”, agrupadas de manera interseccional, para derribar la República, sus instituciones y su economía. Ante esto, ¿qué alternativa posible se abre para los chilenos?
El debate versará sobre un proyecto de Constitución que los chilenos, en general, no conocerán. De esa suerte, lo que cobrará fuerza a ojos del ciudadano de a pie serán los hechos comunicados por los medios y que lo interpelen con su vida cotidiana. Ya se ven algunos indicios. La eliminación del nombre oficial del país, de la bandera y del himno nacional, entre otras propuestas esbozadas por representantes de la izquierda dominante en la Convención, van a evidente contrapelo del sentir mayoritario de la ciudadanía. A ello se suman las exigencias de muchos constituyentes por más fondos públicos para dietas y asignaciones, lo que les da la imagen de una casta privilegiada. Estos hechos demuestran una profunda desconexión de la mayoría de esta asamblea respecto de las necesidades de la ciudadanía, lo que en esta última puede trocar en apatía y luego en inconformidad ante el proyecto de la Convención que se someta a plebiscito el próximo año, según lo previsto.
La existencia misma de Chile está en juego. El tiempo -que no es mucho- dirá si la ciudadanía sopesará este riesgo.
Libertad, justicia, responsabilidad y solidaridad 