Libertad, justicia, responsabilidad y solidaridad

María José Corzo Meléndez.

Bachiller en derecho por la Universidad de Piura. Con afinidad y experiencia en derecho constitucional, tributario y administrativo. Ha trabajado con empresas nacionales e internacionales, y actualmente se desempeña como Asistente Legal en un estudio de abogados. También es cofundadora y voluntaria en diversos proyectos sociales que buscan preservar la vida y la dignidad de la persona.

Si observamos la situación política actual, podríamos afirmar con facilidad que no existen -o que existen muy pocos- intelectuales en la política peruana hoy en día. Sin embargo, muchos de los que realizan dichas afirmaciones no tienen un sentido claro sobre lo que significa ser un “intelectual”.

Si utilizamos la clasificación realizada por Gramsci, vamos a poder observar dos tipos de intelectuales. Por un lado, están los (i) tradicionales, los cuales poseen una gran comprensión del mundo y con ello un deber cívico de generar una opinión critica, orientar a los otros ciudadanos a elegir a sus políticos de la mejor manera y a perseguir el bienestar y la convivencia social; y los (ii) orgánicos, los cuales están tan preparados como los primeros, pero que postulan y modifican la sociedad desde una organización política.

Desde el inicio de la República, los intelectuales han tenido la gran responsabilidad de crear un sistema legislativo y social que nos permita vivir en democracia. Lamentablemente, la mayoría de los ciudadanos ha interpretado que este deber sólo se les atribuye a los intelectuales orgánicos, dejando de lado a los intelectuales tradicionales y al propio deber individual que cada uno tiene de intentar convertirse en uno.

Numerosos escritores nacionales reniegan de los intelectuales conservadores porque “usan la democracia” para imponer sus valores y tradiciones. Asimismo, atribuyen a las elites gobernantes y empresariales la corrupción de las ideas democráticas y de desarrollo, computándose todas las injusticias y carencias sociales.

Es necesario hilar fino cuando leemos acerca de “reconstruir la democracia” o “renovar la clase política”, debido a que muchas veces dichas afirmaciones contienen la intención de dejar de lado el legado de los grandes pensadores y políticos de los siglos XIX y XX. Este deseo de abandono de los “nuevos ilustres” podría desencadenar una serie de errores que podrían en jaque la democracia, tal y como lo estamos viviendo hoy en día con el gobierno actual: un gobierno que, alegando la “autocomprensión” del país, promulga leyes en su propio beneficio sin ningún tipo de análisis previo acerca de las necesidades sociales del país.

Elaborar ideas que luchen contra la violencia, el terrorismo, la corrupción, y otros factores que debilitan la democracia y el desarrollo son tareas pendientes que los intelectuales peruanos tienen para con la sociedad. Ellos, y con ello me refiero a los políticos, a los educadores, a los periodistas y a todos aquellos que ejercen influencia intelectual respecto de otros, tienen la importante labor de seguir luchando por concebir la idea de una democracia justa; pero a su vez de generar un muro de contención contra los pseudo intelectuales que, con el discurso del progresismo y la modernidad, pretenden destruir los valores más íntimos de la sociedad.

La relación de los intelectuales con la política se ha visto debilitada con el pasar de los años en la historia republicana debido a que muchos de ellos han sucumbido al poder y han vendido sus ideas a personas que buscaban el conformismo y la podredumbre de la sociedad. Sin embargo, aún existen intelectuales que, a través de la crítica, siguen luchando por la restauración de la política.

El divorcio entre los intelectuales y la política no puede ser concebido en una sociedad en la que las personas estén constantemente en búsqueda de una mejora de las instituciones y de sus valores.

En ese sentido, si bien existen pocos intelectuales hoy en día en la política peruana, y que está cada vez se encuentra más debilitada por la falta de estos, es deber de todos los ciudadanos crear un cierto nivel de conocimiento y percepción de la realidad para poder emitir una opinión crítica del gobierno o, en todo caso, para poder ejercer algún cargo público y generar un cambio desde el mismo sistema.